Callao sube arbitrios a industria y comercio

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó hoy que ha solicitado a la Municipalidad Provincial del Callao que modifique una ordenanza municipal que incrementó en más de 78 por ciento los arbitrios que pagarán las empresas industriales y comerciales de su jurisdicción durante el ejercicio fiscal 2009, respecto a los que pagaron el año pasado.
El presidente de la CCL, Peter Anders, envió una misiva al alcalde de la Municipalidad del Callao, Félix Moreno, en representación de los empresarios afectados y en la que afirma que dicho incremento vulnera los principios de legalidad y de lógica en materia tributaria.
“No resulta legal ni racional el aumento de los arbitrios para la industria y el comercio en más de 78 por ciento, con relación a los cobrados en el 2008, considerando que la inflación durante el año pasado fue de 6.7 por ciento”, subrayó.
Explicó que si bien la ordenanza municipal establece descuentos de hasta 50 por ciento de los arbitrios incrementados en el 2009, éstos sólo son aplicables a pequeños negocios comerciales, industriales y de servicios de la jurisdicción.
En la práctica, la ordenanza ha creado indirectamente un subsidio cruzado para los propietarios y conductores de la mediana y la gran empresa, situación que carece de toda lógica porque castiga a los propietarios de predios de mayor valor (capacidad contributiva), distorsionando con ello el concepto de tasa (arbitrio) como si fuera impuesto, indicó.
Recordó que los arbitrios deben fijarse y cobrarse en función del costo real del servicio y deben ser distribuidos en función de los criterios ya establecidos, como el servicio efectivamente prestado, el uso del predio, las áreas verdes existentes, entre otros; pero está prohibida su cobranza de acuerdo al área construida y/o techada puesto que esa figura la constituye el autoavalúo.
En ese sentido, Anders señaló que los arbitrios para las empresas ubicadas en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Callao deben fijarse respetando la ley y las sentencias que con carácter vinculante ha expedido el Tribunal Constitucional.
Indicó que de no disponerse las medidas correctivas del caso, las empresas afectadas se verán obligadas a interponer las denuncias o las demandas que la ley les faculta ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y el Poder Judicial.